Noticias de las
sociedades de garantía recíproca

Poco a poco, el Gobierno va desvelando la letra pequeña del plan de 11.000 millones de euros de refuerzo de la solvencia empresarial ante la crisis del Covid-19 que se anunció la pasada semana y se espera aprobar este mes. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha revelado que este plan supone apenas la mitad de las ayudas directas a empresas ya comprometidas en lo que va de año por el conjunto del Estado y abrió la puerta a la conversión de parte de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en instrumentos de capital que refuercen el balance de las pymes.

España fue el país de la Unión Europea que más ayudas públicas movilizó con respecto al tamaño de su economía entre marzo y diciembre del pasado año para ayudar al sector empresarial a hacer frente a los efectos de la pandemia, con casi 91.000 millones de euros, pero lo ha hecho «casi exclusivamente» a través de avales públicos. En concreto, los 90.800 millones de euros movilizados por las autoridades españolas representan un 7,3% del PIB del país, un porcentaje que es superior al 6,4% en el caso de Francia, el 6% de Italia, el 4,4% de Grecia o el 3,9% de Malta. En conjunto, el bloque ha autorizado hasta diciembre un 3,3% del PIB comunitario en ayudas de Estado.

Iberaval aportó durante 2020 un total de 390,4 millones de euros en 5.777 operaciones de financiación a pymes. Con estas cifras, la entidad alcanzó un crecimiento superior al 22 por ciento y registró un nuevo récord anual en el importe inyectado a pymes, autónomos y emprendedores. Del total de avales concedidos, 4.110 fueron financieros -ante entidades financieras- (86,9%) y 1.667, técnicos -fundamentalmente, ante la administración- (13,1%).

Asturgar y la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias acaban de lanzar la línea «Covid Nuevas Oportunidades», con el objeto de ayudar a las empresas asturianas a superar la crisis o a acometer nuevos proyectos. La línea, dotada con 6 millones de euros, va dirigida a compañías de más de cinco años de antigüedad del sector industrial o de servicios a la industria, que necesiten financiación para superar dificultades temporales de su negocio o para el lanzamiento de nuevas actividades como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19.